El Govern asegura apoyo a los municipios del Pla en escenarios de emergencia hidrológica a través de la Ley de Presupuestos de 2025

El Ejecutivo balear no ha renunciado en ningún momento a ayudar a los ayuntamientos con problemas de abastecimiento y prevé ayudas específicas para el transporte de agua cuando se declare oficialmente el estado de emergencia

El Govern de las Illes Balears no ha renunciado en ningún momento a prestar apoyo a los municipios del Pla que presentan dificultades en el suministro de agua.

Con el objetivo de ofrecer una respuesta clara y eficaz ante escenarios de emergencia hidrológica, el Ejecutivo ha incorporado a la Ley de Presupuestos de 2025 una disposición adicional específica, impulsada por la Dirección General de Recursos Hídricos, que establece un mecanismo de ayuda directa para los ayuntamientos que no dispongan de conexión a la red de agua en alta del Govern.

Estas ayudas podrán activarse siempre que se declare oficialmente el estado de emergencia hidrológica, de acuerdo con lo que prevé el Decreto 54/2017, de 15 de diciembre, y tienen como objetivo garantizar el suministro de agua potable para uso urbano esencial, mediante el transporte en camiones cisterna. Este nuevo marco permite actuar con rapidez y seguridad jurídica en aquellos casos en que los municipios afectados no disponen de fuentes de suministro alternativas viables.

Este instrumento permitirá al Govern, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, financiar el transporte de agua potable en camiones cisterna desde la red en alta hasta los depósitos municipales, en aquellos casos donde no existan fuentes alternativas de suministro y siempre que los ayuntamientos hayan aplicado todas las medidas previstas en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía.

Estas ayudas están destinadas exclusivamente a garantizar el uso humano y esencial del agua, es decir, el abastecimiento para consumo doméstico de la población, y no están previstas para usos agrícolas. Esta medida se activa únicamente en situaciones oficialmente declaradas como emergencia y responde a la necesidad de contar con un mecanismo ágil y jurídicamente sólido para hacer frente a situaciones puntuales de crisis hídrica, especialmente en zonas que no cuentan con infraestructuras de conexión a la red en alta del Govern.

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