Sánchez responde en el Congreso para proteger a Zapatero frente a la oposición
La sesión de control en el Congreso de los Diputados se ha convertido en un auténtico polvorín tras la citación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Lejos de marcar distancias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exhibido una absoluta tranquilidad y ha cerrado filas en torno al exjefe del Ejecutivo, transformando los reproches de la oposición en un duro contraataque político basado en el legado socialista y el cuestionamiento del proceder judicial.
El debate ha arrancado con dureza por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha arremetido contra la Presidencia asegurando que el lema del Ejecutivo es "el que pueda robar, que robe" y definiendo a Zapatero como el "faro moral" de Sánchez. Feijóo ha lanzado tres preguntas directas al presidente sobre si conocía las gestiones con la aerolínea, si ha ordenado presionar a los jueces y por qué no abandona su cargo, sugiriendo además que Zapatero no habría podido actuar sin el consentimiento de la Moncloa.
Sánchez ha respondido con contundencia, recordando que sus líneas rojas son la colaboración con la justicia y el respeto a la presunción de inocencia. Lejos de flaquear, ha ensalzado la figura de Zapatero —aplaudido por los suyos por hitos como el fin de ETA o la ampliación de derechos— y ha devuelto los golpes a Feijóo afeándole su pasado fotográfico con el narco Marcial Dorado y sugiriendo que el líder popular conocía el auto judicial antes de que se hiciera público.
Críticas cruzadas y dudas en los socios de investidura
La presión de la oposición no ha llegado solo desde las filas populares. En su turno de réplica, Feijóo ha equiparado la defensa de Zapatero con los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, advirtiendo que el Ejecutivo terminará por dejar caer al expresidente. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado el final de su intervención sobre inmigración para señalar de forma directa a Sánchez como el "jefe" de la red que investigan los tribunales.
El impacto del auto judicial de 88 páginas también ha hecho mella en los socios habituales del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mostrando visiblemente el documento, ha reconocido sentirse "jodido" ante la situación. Aunque Rufián ha apoyado la teoría de la guerra sucia judicial (lawfare), ha lanzado una pregunta incómoda al Gobierno sobre los límites reales entre las labores de lobismo y el tráfico de influencias.
Moncloa exhibe calma tras analizar el auto
Pese al ruido parlamentario, en el entorno de la Moncloa se respira un ambiente de firmeza y serenidad. Fuentes del Gobierno aseguran que la lectura detallada de las 88 páginas de la resolución judicial resulta "tranquilizadora", ya que argumentan que en el texto no aparece el término "imputar" ni se acredita ningún delito de tráfico de influencias.
Según el análisis del Ejecutivo, el escrito judicial únicamente confirma que los ingresos de Zapatero corresponden a sus retribuciones habituales depositadas en una cuenta conjunta con su esposa, desvinculándolo de cualquier tipo de entramado societario. Asimismo, desde Presidencia han querido aclarar que las oficinas del expresidente en la calle Ferraz son un espacio de uso institucional que el PSOE pone a disposición de sus antiguos líderes.
