La Fiscalía del Supremo se niega a investigar el máster de Casado
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de que la Sala de Admisión admita a trámite la exposición razonada de la jueza del caso máster en la que solicitaba abrir una investigación al presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho impropio, en relación con el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, han informado a eldiario.es fuentes fiscales.
El informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo no es vinculante para la Sala de Admisión que decidirá sobre la imputación de Casado. El sistema de turnos establecido en enero pasado por el Consejo General del Poder Judicial para el presente ejercicio establece que los cinco miembros de la Sala de Admisión en caso de aforados sean Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O; los también conservadores Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y que también preside este tribunal; y la magistrada progresista Ana Ferrer.
En su exposición razonada, la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, concluye que al hoy presidente del PP le regalaron el título "a modo de prebenda o dádiva". Casado obtuvo el máster sin ir a clase, siéndole convalidadas todas las asignaturas a excepción de cuatro, que aprobó con sobresaliente con otros tantos trabajos que sumaban entre todos 92 páginas. La jueza cree que Casado es autor de un delito de cohecho impropio, por haberse beneficiado del máster, y que es cooperador de la prevaricación administrativa.
El cohecho prescribe a los cinco años y Casado cursó el máster en el curso 2008/2009, por lo que no podría ser investigado por ese delito. Sin embargo, la jueza Rodríguez-Medel considera que es un delito conexo al de prevaricación administrativa, que aún no ha prescrito y en el que Casado cooperó para su comisión. En este sentido, la magistrada cita una sentencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo en el que el magistrado Andrés Martínez Arrieta establece que "basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria", cometida por un funcionario público, para ser cooperador de un delito de prevaricación.
