El Govern reclama una financiación justa y una respuesta estatal proporcional ante la saturación del sistema de acogida de menores en Balears

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha participado hoy en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia en Madrid. 

Durante la sesión, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han abordado asuntos de especial relevancia para las comunidades autónomas en materia de protección de la infancia y bienestar familiar. 

Uno de los puntos centrales del orden del día ha sido el acuerdo de distribución territorial del crédito destinado a la atención menores migrantes no acompañados, por un importe total de 13 millones de euros. De este reparto, a las Illes Balears le corresponden 1,2 millones de euros, una cantidad que el Govern considera claramente insuficiente para hacer frente a la situación actual del sistema de protección.  

La consellera Sandra Fernández ha trasladado asimismo a la ministra que “ni el Govern ni los consells insulares somos racistas, como nos calificó", ha dicho Fernández, "y les hemos exigido que nos dejen de dar la espalda y que apliquen una política migratoria adecuada, que se ajuste a la situación real de las Baleares”. 

En estos momentos, los consejos insulares acogen a 732 menores migrantes no acompañados, lo que está provocando una presión creciente sobre los recursos humanos y materiales de la red pública de acogida. 

La consellera ha reiterado el compromiso del Govern de les Illes Balears con la protección de la infancia y la mejora del sistema de acogida, pero ha advertido que “los servicios de atención a los menores de los consells están sobresaturados por encima del 1000 % y que no tienen ni la financiación, ni las infraestructuras ni el personal cualificado para atender a estos menores como se merecen”.

En este sentido, la consellera ha criticado “la incoherencia” del gobierno central, “que reconoce la situación migratoria que vivimos en las Islas destinando 1,2 millones pero que en cambio quiere derivarnos menores no acompañados procedentes de Canarias”. 

Durante la reunión también se ha presentado el proyecto de Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de menores, y se ha actualizado la información sobre menores desaparecidos, procesos de adopción y recursos autonómicos destinados a combatir la pobreza infantil.