Baleares moviliza 160 millones para blindar su economía ante el impacto de la guerra en Irán
El Govern de las Illes Balears ha activado un paquete extraordinario de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, con especial impacto en Irán. El Consell de Govern ha dado luz verde al Decreto ley 1/2026, una iniciativa que moviliza más de 160 millones de euros con el objetivo de proteger empresas, sostener el empleo y evitar que el aumento de costes recaiga sobre las familias del archipiélago.
El grueso del plan se articula en torno a tres ejes: apoyo a la liquidez, ayudas directas a los sectores más afectados y medidas fiscales. En primer lugar, se destinarán 75 millones de euros a líneas de crédito a través de ISBA para facilitar financiación a empresas y autónomos en un contexto de incertidumbre económica.
A ello se suman 36,75 millones en ayudas directas dirigidas a sectores especialmente golpeados por el encarecimiento de la energía y las materias primas. Estas ayudas tendrán en cuenta la doble y triple insularidad de islas como Menorca, Ibiza y Formentera, con partidas específicas para el sector primario, el transporte y actividades industriales, comerciales y de la construcción.
El sector agrario recibirá 13,5 millones de euros para hacer frente al incremento de costes en alimentación animal, fertilizantes, combustible y otros insumos, además de reforzar el consumo de producto local. El transporte contará con 9,75 millones para paliar el impacto del precio del combustible, incluyendo ayudas al transporte de mercancías, taxis y programas de renovación de vehículos. Por su parte, industria, construcción y comercio dispondrán de otros 13,5 millones para compensar sobrecostes y estimular el consumo.
El decreto también incorpora medidas para agilizar la tramitación de estas ayudas mediante refuerzos de personal y ajustes normativos, con el fin de que los recursos lleguen con mayor rapidez a los beneficiarios.
En el ámbito fiscal, el Govern introduce incentivos por valor de unos 4 millones de euros. Entre ellos destaca la recuperación de la deducción autonómica para compensar el encarecimiento de las hipotecas variables y la bonificación del 50 % de las tasas portuarias —que será del 100 % en el caso de los pescadores profesionales— hasta el verano, con posibilidad de prórroga.
Como principal novedad, el decreto establece que las ayudas públicas recibidas por personas físicas no tendrán que tributar en el IRPF, una medida orientada a maximizar su impacto real en la economía doméstica.
Asimismo, se habilitan mecanismos para revisar los precios de contratos públicos, especialmente en obra y servicios, con el fin de adaptarlos a la subida de costes y garantizar su ejecución.
El texto incluye también la cobertura legal para aplicar una subida salarial del 1,5 % a los empleados públicos de la comunidad autónoma, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Con este paquete, el Ejecutivo balear busca amortiguar el impacto de una crisis internacional que amenaza con trasladarse a la economía local, reforzando tanto el tejido empresarial como la capacidad de resistencia de las familias.
