Cort inicia el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este viernes la Junta Local de Seguridad y posterior Junta de Govern extraordinaria convocadas en el marco del proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión de Palma.

Ambos encuentros han permitido informar al resto de instituciones y cuerpos competentes de las actuaciones impulsadas por el Consistorio, así como iniciar formalmente el procedimiento administrativo para recuperar el inmueble. 

La primera de las reuniones, celebrada a las 09.00 horas, ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el teniente de alcalde de Seguretat Ciutadana i Civisme, Llorenç Bauzá de Keizer; el coordinador general del área, Jaume Pla; el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró; y el jefe de Bomberos de Palma, Eder García.

Por parte de Delegación del Gobierno en Baleares, han asistido el secretario general, Rubén Castro, y el asesor, Sergio Gómez, habiendo estado también presentes el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé; el jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil en Baleares, Gonzalo Gómez; el director general de Emergencias e Interior del Govern de les Illes Balears, Pablo Garriz; y el jefe de la Dirección General de Emergencias, Aurelio Soto.

Durante la reunión, el Ajuntament ha dado a conocer los resultados del censo realizado por la Policía Local de Palma y Serveis Socials, cerrado a las 07.00 horas de este viernes. 

Dicho recuento ha constatado la presencia de 206 personas en el interior de la antigua prisión. 

De los primeros análisis del perfil de los ocupantes, y a la espera de cruzar los datos con  las bases de la Policía Nacional, se desprende que la mayoría son hombres —alrededor del 80%—, la media de edad se sitúa aproximadamente en los 33 años, siendo las franjas más numerosas entre los 23 y los 35 años, y no se ha detectado la presencia de menores en el interior del recinto. 

Además, alrededor el 70% de las personas identificadas en el censo son de nacionalidad magrebí; un 15% son de nacionalidad española y un 10%, de nacionalidad colombiana. El resto de los identificados procede de otros países de América Latina, según las primeras estimaciones municipales, a la espera de cotejar los datos con el Cuerpo Nacional de Policía. 

Cabe señalar que a las 206 personas identificadas en el último censo municipal hay que sumar otras 60 que residen de manera irregular en las viviendas del antiguo recinto penitenciario. Con todo, estas últimas no han sido objeto del censo actual, ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada a la iniciada actualmente. 

En cuanto al control de acceso instaurado desde el miércoles en la entrada de la antigua prisión, el alcalde ha recordado que se mantendrá hasta que se produzca el desalojo completo del recinto. En esta línea, ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional para reforzar el control y la vigilancia de las zonas adyacentes, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad tanto en el interior del edificio como en el entorno.

Paralelamente, en la reunión se ha detallado el dispositivo social activado por parte del Consistorio. En este sentido, Serveis Socials ha contactado con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales, el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), el Obispado de Mallorca, la entidad Mater y Cruz Roja, con el objetivo de identificar recursos disponibles y coordinar alternativas de atención; y ha procedido a la apertura de un censo que permita establecer una vía entre el Ajuntament y aquellas entidades  sociales que deseen poner sus recursos a disposición.

En el ámbito competencial, el alcalde ha reiterado su llamamiento a Delegación del Gobierno para habilitar las medidas que estén a su alcance, recordando que, según los anteriores censos municipales, el 65% de las personas que residen actualmente en el interior de la antigua prisión se encontraban en situación administrativa irregular, datos que serán también cotejados con la Policía Nacional. 

Igualmente, se ha solicitado a Delegación que facilite información sobre posibles actividades ilícitas en el interior del recinto, que avance en la identificación de las personas que aún no cuentan con expediente de extranjería y que se inicien los procedimientos correspondientes. 

También se ha planteado a Delegación la necesidad de valorar recursos habitacionales para estas personas.

Posteriormente, alrededor de las 14.00 horas, se ha celebrado la Junta de Govern extraordinaria, en la que se ha dado el paso administrativo necesario para iniciar formalmente el procedimiento de recuperación posesoria, una vez obtenido el censo real de las personas que ocupan el inmueble de manera irregular.

Así, tras elevar a Junta de Govern la identificación inicial de los ocupantes, se procederá desde hoy a la notificación de la apertura de un plazo de cinco días para presentar alegaciones. 

Una vez resuelto el plazo de alegaciones, se dictará el acuerdo que obligará a cesar la ocupación en un máximo de cuatro días de las 206 personas que residen en la parte de la antigua prisión y, en caso de no producirse el abandono voluntario, se solicitará la correspondiente autorización judicial.

En el transcurso de las reuniones, el alcalde ha enumerado las diferentes actuaciones realizadas desde el inicio de legislatura en este recinto de propiedad municipal. 

Por un lado, Bomberos de Palma realizó en 2024 un total de 16 actuaciones, que se elevaron a 49 en 2025, y en lo que va de año se han llevado a cabo otras 12 intervenciones.

Asimismo, Policía Local ha realizado 263 actuaciones desde el inicio de la legislatura, 143 de las cuales exceden las competencias habituales del cuerpo. A ello se suman otras 71 actuaciones desarrolladas en las calles adyacentes, fuera del recinto. 

Por su parte, Serveis Socials ha ofrecido en numerosas ocasiones la cartera municipal de servicios a los residentes del inmueble, ofrecimiento que está realizando nuevamente en el marco del proceso actual de recuperación posesoria, con el objetivo de garantizar asistencia social y apoyo durante esta transición.

Si bien el espacio lleva años ocupado, la activación del proceso actual responde al incremento de incidentes registrados en el interior y entorno del inmueble, especialmente los incendios del pasado fin de semana, uno de los cuales obligó al rescate de cuatro personas.

Este aumento de la conflictividad, junto a los recientes informes emitidos por Policía Local y Bomberos alertando del riesgo existente, ha motivado la puesta en marcha del actual procedimiento de recuperación posesoria, dada la urgencia de la situación y la necesidad de garantizar la integridad de los ocupantes y la seguridad pública en general, siempre desde la legalidad y el marco competencial vigente.