El Pleno del Consell d'Eivissa aprueba definitivamente la modificación número 2 del PTI de Ibiza

La modificación de la norma territorial reduce en un 82% el número de casas que podrían lograr la condición de turísticas, que hasta ahora era de casi 8.000
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Se incorporan medidas para frenar el impacto sobre las reservas hídricas, prohibiendo la construcción de nuevas casas sobre acuíferos que no estén en estado óptimo

Además, el Pleno ha aprobado la incorporación de 12 millones de euros de remanentes para Bienestar Social, Promoción Económica y políticas de movilidad

El pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado hoy de forma definitiva la modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI), una reforma que marca un punto de inflexión en la ordenación del crecimiento turístico y la protección de los recursos naturales de la isla, especialmente el agua. La nueva norma, impulsada desde el departamento de Territorio, incluye por primera vez medidas específicas para frenar la expansión del alquiler turístico y condiciona la concesión de licencias urbanísticas a criterios de eficiencia hídrica.

“Cortamos de raíz el cordón umbilical entre la nueva construcción y el alquiler turístico”, ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Territorio, Mariano Juan. A partir de ahora, ninguna vivienda de nueva planta se podrá dedicar a este tipo de uso turístico, y tampoco lo podrán hacer aquellas construcciones posteriores a 1956, “Esto significa una reducción del 82% en el número de casas susceptibles de ser alquiladas turísticamente en suelo rústico, donde con la normativa vigente hasta ahora se podían incorporar en esta oferta 7.800 casas”, ha concluido, añadiendo que “a día de hoy el crecimiento turístico es cero, atendiendo a que las licencias turísticas están condicionadas a la baja del mismo número dentro de la oferta turística actual”.

Otro de los puntos más destacados de la nueva norma territorial aprobada hoy, es la incorporación de medidas para frenar el impacto urbanístico sobre las reservas hídricas de la isla, “logrando la norma que más acciones concretas incorpora de todas las que hay ahora en vigor”, ha explicado el conseller quien ha detallado que las nuevas viviendas tendrán que incorporar sistemas de reutilización de aguas grises y reducir al menos un 60% su consumo respecto a la media actual. Además, no se concederán licencias para nuevas casas ni se permitirá llenar piscinas si el acuífero al que afecta está en mal estado. “No puede ser que en una casa se gasten 150.000 litros de agua al año para mantener un jardín tropical mientras hay pozos que sufren”, ha afirmado el conseller. Según las estimaciones del Consell, el ahorro diario de agua por casa podría lograr los 150 metros cúbicos anuales, mientras que el directamente derivado de la limitación de alquiler turístico en suelo rústico sería “el equivalente al consumo de 3 pueblos como el de Santa Gertrudis en un día”.

La modificación del PTI incluye además una batería de medidas orientadas a proteger el campo y el patrimonio rural. Se permite de nuevo segregar fincas entre hermanos, sobrinos o tíos para facilitar el relevo generacional dentro de las familias ibicencas, sin abrir la puerta a la especulación. También se atiende una petición histórica de las cooperativas agrarias, simplificando la transmisión de tierras para quienes las cultiva, sin necesidad de tramitación territorial si ya cuentan con licencia. En palabras de Mariano Juan, “se trata de poner facilidades a quienes trabajan la tierra, no solo por economía, sino por identidad”.

En clave patrimonial, la norma blinda la protección de las casas campesinas también en los municipios que todavía no disponen de catálogo. Y en el ámbito urbano, establece directrices obligatorias de sostenibilidad: separación de aguas pluviales, suelos más permeables, arbolado obligatorio y cubiertas solarizables. Además, se introducen incentivos para parques fotovoltaicos en zonas urbanas y periurbanas, que podrían cubrir hasta el 75% del consumo energético local.

Juan ha querido agradecer el trabajo colectivo que ha permitido llegar a este documento, elaborado entre 2021 y 2022 con la participación de 25 asociaciones y todos los ayuntamientos. “Nunca antes se había hablado tanto de escribir una norma. Nunca se habían incorporado tantas propuestas. Es imposible que guste todo entero a todo el mundo, pero lo importante es que todo el mundo se vea reflejado”, ha concluido.

Incorporación de 12 millones de euros de remanentes

Por otro lado, el Pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado por mayoría la incorporación de 12 millones de euros provenientes de remanentes de 3,3 millones de euros irán destinados a políticas de Bienestar Social, 7,9 millones de euros en políticas de movilidad, 400.000 euros para mejorar las desechos de la isla y 159.000 en Promoción Económica.

El conseller responsable de la gestión económica de la institución, Salvador Losa, ha detallado que con este dinero se podrán poner en marcha nuevas plazas para menores con problemas de conducta (1,13 millones de euros), 894.000 euros para mejorar la primera acogida que se hace a los menores extranjeros no acompañados que ingresan en el circuito insular de protección y 80.000 euros para la mejora del programa de visitas familiares supervisadas.

El conseller también ha explicado la incorporación de 1,3 millones de euros para servicios de discapacidad, que incluyen 1 millón de euros que permitirá poner los conciertos para el servicio del centro de día de discapacidad física e intelectual y 340.000 euros para actualizar los conciertos vigentes en base aquello previsto en el acuerdo sectorial de trabajadores de servicios sociales, que reconoce la doble insularidad en la isla de Ibiza.

También se incorporan 7,9 millones de euros en políticas de movilidad que contemplan 2,5 millones de euros para asumir las indemnizaciones a las empresas de transporte público propias del uso de la estación CETIS del municipio de Ibiza, 5 millones de euros que permitirán cubrir los contratos programa del servicio de autobús y permite garantizar la gratuidad del servicio de autobús para el año 2025, y otros gastos como el estudio de movilidad vinculado a la Ley de limitación de vehículos de la isla de Ibiza, el convenio de la estación de autobuses de Sant Antoni así como su mobiliario, la emisión de tarjetas de autobús y campañas informativas relacionadas con la movilidad.

Finalmente, se incorporan 400.000 euros para mejorar las transferencias en los ayuntamientos en materia de mantenimiento de la red insular de desechos y 159.000 euros en materia de Promoción Económica para realizar varias campañas relacionadas con la moda Adlib.

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