El Govern presenta alegaciones contra la regularización extraordinaria de personas immigrantes en situación irregular y solicita su retirada inmediata
El Govern de las Illes Balears ha presentado un conjunto de alegaciones al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular propuesto por el Gobierno de España de manera unilateral, en el que expresa su rechazo a la medida y solicita la retirada del texto por considerarlo inadecuado y carente de garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias.
Entre los principales argumentos expuestos, el Govern considera improcedente la tramitación urgente del decreto, ya que la iniciativa era conocida desde hace tiempo y no responde a circunstancias sobrevenidas que justifiquen la reducción de trámites y garantías. Una medida de esta elevada trascendencia debe permitir la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente, algo que no se ha producido en este caso, lo que ha limitado la coordinación y la capacidad de preparación de los territorios ante una decisión de este alcance.
El Ejecutivo balear alerta igualmente de la ausencia de datos fiables sobre el número real de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permita evaluar su impacto. Según las alegaciones presentadas, el elevado número de personas en situación irregular es consecuencia de un sistema migratorio que ha dificultado las vías legales de entrada y regularización ordinaria y, por ello, considera que la solución debe pasar por reformar estos mecanismos y no por una regularización masiva que podría generar un efecto llamada o desplazamientos hacia España.
Las alegaciones también señalan deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales y en los mecanismos de verificación de la documentación aportada, así como la ausencia de una evaluación individualizada y de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico. Esto podría generar situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.
Por todo ello, el Govern de las Illes Balears solicita la retirada del proyecto y defiende la necesidad de un modelo migratorio basado en vías legales ordenadas, criterios objetivos y verificables, coordinación entre administraciones y respeto al marco europeo, con el objetivo de garantizar una gestión responsable y sostenible de la inmigración.
