El Gobierno otorga la nueva licencia de TDT a un consorcio empresarial afín a Moncloa

El panorama audiovisual español se prepara para una nueva incorporación. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) de cobertura nacional al consorcio Siete. El grupo adjudicatario, que se ha impuesto a la propuesta de Mediaset España, cuenta con un plazo máximo de seis meses para iniciar sus emisiones, un hito que coincidirá con el inicio del ciclo político previo a los próximos comicios generales. El nuevo canal de televisión abierta dispondrá de un presupuesto anual estimado entre los 20 y los 25 millones de euros.

Un accionariado vinculado a Global Alconaba y afín al Ejecutivo

Detrás del consorcio Siete se encuentra la sociedad Global Alconaba, un grupo empresarial compuesto por inversores que mantienen una postura crítica y enfrentada con la actual cúpula directiva del Grupo PRISA. El capital de este proyecto está alineado con posiciones cercanas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre los promotores principales vinculados a la operación sobresalen dos nombres propios:

• José Miguel Contreras: Productor y exdirectivo con una dilatada trayectoria en el sector televisivo.

• Adolfo Utor: Presidente y propietario de la naviera Baleària, señalado como uno de los empresarios con mejores vínculos con el actual Gobierno socialista.

La candidatura de este grupo de inversores **independientes tomó fuerza** después de que el consejo de administración de PRISA decidiera formalmente no concurrir al concurso estatal de la TDT, condicionado por su elevado endeudamiento y por los interrogantes sobre la rentabilidad del sector. Ante esta negativa, los accionistas próximos al PSOE optaron por impulsar un plan alternativo al margen de la editora de la Cadena SER y El País.

Línea editorial, programación y estructura técnica

La nueva señal televisiva nace con el propósito explícito de estructurar una línea de opinión favorable a Moncloa, con la aspiración de ocupar un espacio político y mediático semejante al que desempeñó La Sexta bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Por el momento, la concesión ha despertado el rechazo de sectores de la oposición y de diversos ámbitos de los medios de comunicación, que acusan al Gobierno de beneficiar a un conglomerado empresarial ideológicamente afín en un concurso estratégico.

En cuanto al diseño de su parrilla y su operatividad, el proyecto contempla las siguientes características:

• Contenidos: La programación pivotará sobre los ejes del análisis político, las tertulias y el entretenimiento, descartando en su fase inicial la producción de informativos convencionales.

• Alianzas externas: El consorcio ha sondeado vías de colaboración en el entorno internacional con el objetivo de asociar e integrar la marca CNN a la nueva emisora.

• Gestión operativa: Las previsiones del sector apuntan a que las tareas de producción técnica se externalizarán a través de Mediapro, mientras que la gestión de la comercialización publicitaria se delegará en la firma Pulsa.

Con esta adjudicación, el panorama de la televisión en abierto se reconfigura a las puertas del escenario preelectoral, abriendo un debate sobre el pluralismo informativo y la influencia de las sinergias políticas en la concesión de licencias estatales de comunicación.