El Govern balear pide al Supremo suspender la regularización de migrantes por falta de consenso y de informes económicos

El Govern balear ha decidido llevar a los tribunales la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Ejecutivo central. Tras la reunión del Consell de Govern de este viernes, la administración autonómica ha autorizado formalmente a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para interponer un recurso contencioso-administrativo. Como medida urgente, el Ejecutivo isleño solicitará al Tribunal Supremo que suspenda el proceso de forma cautelar hasta que se resuelva el fondo de la demanda judicial.

Falta de consenso y de análisis presupuestario

La decisión, hecha pública por el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa, fundamenta el rechazo de la comunidad hacia el real decreto estatal basándose en tres argumentos principales que el Ejecutivo autonómico ha mantenido desde la aprobación de la norma:

• Ausencia de diálogo territorial: La medida se sacó adelante sin buscar el consenso ni la conformidad de las diferentes comunidades autónomas del país.

• Falta de control legislativo: El proceso no se sometió al correspondiente debate en sede parlamentaria.

• Carencia de informes económicos: La iniciativa no incluye una valoración previa sobre el impacto presupuestario que tendrá para las arcas y servicios públicos de las autonomías.

Con esta ofensiva legal, el Ejecutivo autonómico busca frenar de inmediato la aplicación del real decreto. El Govern condiciona así la viabilidad de la política migratoria estatal a un análisis previo sobre su repercusión económica y a un acuerdo vinculante con los territorios encargados de gestionar el impacto presupuestario.