Baleares declara la guerra al intrusismo: Multas de hasta 500.000 euros y un esfuerzo histórico de inspectores

El Govern balear ha puesto en marcha de manera operativa la Mesa de Lucha contra el Intrusismo con un objetivo claro: erradicar las actividades ilegales en la economía insular. A través de un endurecimiento drástico de las leyes y un despliegue histórico de personal, el Ejecutivo autonómico aplicará severas sanciones económicas a los infractores en los sectores del transporte y el turismo.

Sanciones al transporte ilegal en aeropuertos y puertos

Las recientes modificaciones normativas incrementan la capacidad de control sobre los servicios no autorizados de pasajeros:

• Multas en VTC y autobuses: Captar clientes sin licencia en la vía pública o en zonas de alta demanda se multará con entre 6.001 y 12.000 euros.

• Prohibición de estacionamiento: Los autobuses y minibuses que no tengan precontratación no podrán aparcar en aeropuertos, estaciones o puertos, bajo riesgo de multas de 1.001 a 6.000 euros.

• Control a intermediarios: Las plataformas deberán verificar obligatoriamente que sus transportistas tengan los permisos en regla.

• Precedente: Gracias a la cooperación del sector legal, una denuncia de los guías turísticos ya ha derivado en expedientes por valor de 300.000 euros.

Cerco al turismo ilegal y refuerzo de personal

El Ejecutivo balear financiará la persecución del alojamiento vacacional irregular mediante los fondos del impuesto del turismo sostenible (ITS):

• Penalizaciones elevadas: Las multas por actividades turísticas ilegales aumentan un 25%, alcanzando un límite máximo de 500.000 euros.

• Aumento de inspectores: La plantilla de inspección crece en todas las islas; Mallorca sube a 30 inspectores, mientras que Menorca e Ibiza contarán con 9 cada una. Además, se sumarán 35 nuevos efectivos financiados por el ITS.

Tres áreas operativas de control

La Mesa dividirá su plan de acción inmediata en tres grupos de trabajo específicos:

• Transporte terrestre y náutica de alquiler.

• Alojamiento turístico.

• Actividades comerciales, industria y ocio ilegal.

Esta ofensiva institucional marca un punto de inflexión en la ordenación económica del archipiélago, donde el incremento de la presión inspectora y la severidad de los nuevos castigos financieros buscan devolver el equilibrio a los sectores del transporte y el turismo frente a la competencia desleal.