El Consell de Govern de les Illes Balears ha autorizado hoy a la Dirección de la Abogacía recurrir ante el Supremo el RD 743/2025 sobre la capacidad ordinaria de protección de menores migrantes
El recurso alerta sobre la falta de justificación de los criterios y el impacto negativo sobre la autonomía financiera y competencial de la comunidad
El Consell de Govern de les Illes Balears ha autorizado hoy a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.
El Real Decreto 743/2025 asigna a la comunidad autónoma de las Illes Balears una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados, en aplicación de los porcentajes previstos en el artículo 35 ter del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El Govern considera que esta regulación se ha adoptado sin una clara justificación de los criterios utilizados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
Esta decisión se ha adoptado tras analizar los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores en las Illes Balears, especialmente en lo que respecta a niños y adolescentes migrantes no acompañados. La Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras examinar dichos informes, ha concluido que la norma es perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.
Este nuevo recurso se suma a dos recursos previos presentados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que ya han sido admitidos a trámite. Se trata del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por su afectación a las competencias y a la autonomía financiera de la comunidad; y del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El Govern de les Illes Balears considera que el Real Decreto 743/2025 —contra el que autoriza a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer recurso— afecta gravemente a la autonomía financiera y competencial de la comunidad, compromete la adecuada gestión de los recursos y pone en riesgo la eficacia del sistema de protección de menores.
