La Sindicatura de Cuentas alerta de deficiencias en el proceso de internalización de IB3
La Sindicatura de Cuentas, en un informe oficial, señala que ha constatado graves deficiencias en la documentación aportada por la empresa pública IB3 sobre el proceso de internalización de los trabajadores de los servicios informativos para convertirlos en personal laboral fijo de la comunidad autónoma.
Esta internalización fue pactada, en momentos inmediatamente anteriores a las últimas elecciones autonómicas, por los sindicatos de IB3 con la por entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, con la que era consellera de Presidència y ahora diputada socialista Mercedes Garrido, y con el director general Andreu Manresa.
El organismo independiente auditor de la Comunidad Autónoma apunta las significativas ausencias de documentación contractual y salarial de los trabajadores. De los 123 expedientes analizados, en 18 no consta contrato previo o vida laboral, en 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo para confirmar la categoría del trabajador y en 89 expedientes no se han podido verificar los salarios y los complementos pagados por las empresas contratistas.
Además, en 30 de los expedientes referidos a los trabajadores a internalizar no constan los detalles de las funciones laborales previas y si estas coinciden con las funciones asignadas después la internalización, y en 11 de estos expedientes no se ha podido verificar la antigüedad del trabajador.
Al mismo tiempo, se dan casos de trabajadores contratados para cubrir bajas y que han pasado a tener un contrato indefinido a tiempo completo en el ente público, una práctica completamente irregular.
Así, la Sindicatura de Cuentas concluye que no se puede proceder a internalizar a los trabajadores del ente público IB3 con las graves deficiencias documentales que recoge su informe.
En paralelo, hasta ahora, este proceso de convertir a los contratados en personal fijo de la comunidad autónoma ha supuesto ya el aumento en un 55 por ciento de los costes salariales del ente público IB3. Es decir, más de seis millones de euros de sobrecoste.
