El Gobierno refuerza la lucha contra las estafas telefónicas y por SMS con nuevas medidas de bloqueo obligatorio
Ante el imparable aumento de las estafas por suplantación de identidad, el Gobierno ha aprobado una nueva normativa que obliga a los operadores a reforzar los mecanismos de seguridad en llamadas telefónicas y mensajes de texto. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor a partir de marzo de 2025 y se aplicará de forma progresiva, con distintos plazos para su completa implementación.
Estas estafas —conocidas como phishing o smishing— se han convertido en una de las principales amenazas digitales para los ciudadanos. Los delincuentes suplantan la identidad de bancos, organismos públicos o empresas conocidas para engañar al usuario y obtener sus datos personales o bancarios. El nuevo marco legal busca cortar esta vía de fraude desde su origen: las comunicaciones electrónicas manipuladas.
Medidas principales
1. Bloqueo obligatorio de llamadas fraudulentas:
Los operadores deberán bloquear toda llamada con número de origen (CLI) vacío, falso o que no haya sido asignado. También se bloquearán llamadas internacionales que simulen provenir de un número español, salvo si se trata de un caso real de itinerancia.
2. Control del uso de alias en SMS/MMS/RCS:
Solo podrán usarse alias (como “MiBanco”) si están registrados en una base de datos oficial gestionada por la CNMC. Si no están inscritos o son enviados por proveedores no autorizados, el mensaje será bloqueado automáticamente.
3. Restricción de llamadas comerciales:
Se prohíbe usar números móviles para realizar llamadas de atención al cliente o comerciales no solicitadas. Solo se podrán utilizar números gratuitos 800 y 900 para garantizar que el usuario pueda devolver la llamada sin coste alguno.
¿Cuándo se aplican las medidas?
La norma entró en vigor 20 días después de su publicación (finales de febrero o principios de marzo de 2025), pero algunas obligaciones técnicas se aplican en fases:
¿Y si un operador no cumple?
El incumplimiento de estas medidas, especialmente el uso indebido de numeración móvil para llamadas comerciales, puede conllevar fuertes sanciones recogidas en la Ley 11/2022 de Telecomunicaciones:
• Infracción leve: hasta 50.000 euros
• Infracción grave: hasta 2 millones de euros
• Infracción muy grave: hasta 20 millones de euros
La gravedad se determinará en función del volumen de afectados, la reincidencia o si se pone en riesgo a colectivos vulnerables.
Con estas medidas, el Gobierno busca recuperar la confianza de los usuarios en las comunicaciones electrónicas y proteger a la ciudadanía frente a una de las formas de fraude más extendidas en la actualidad.
Desde Fibwi Diario seguiremos atentos a su aplicación y evolución en los próximos meses.