Fronteras, leyes y mafias: España no puede volver a llegar tarde
La entrada masiva de migrantes en Ceuta y los intentos registrados en Melilla obligan a revisar una legislación que debe proteger los derechos humanos sin convertirse en una herramienta aprovechable por las redes criminales
Fronteras, leyes y mafias: España no puede volver a llegar tarde
La entrada masiva de migrantes en Ceuta y los intentos registrados en Melilla obligan a revisar una legislación que debe Las imágenes vividas durante los últimos días en Ceuta, y en menor medida en Melilla, han vuelto a colocar a España ante una realidad que no admite simplificaciones: nuestras fronteras exteriores también son fronteras de la Unión Europea y no pueden quedar sometidas a la improvisación, a la desinformación ni a las estrategias de las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos.
Miles de personas fueron alentadas a cruzar la frontera, muchas de ellas por mar y poniendo gravemente en peligro sus vidas. La entrada masiva provocó una emergencia humanitaria, una fuerte presión sobre los servicios públicos y un despliegue extraordinario de las fuerzas de seguridad. La mayoría de quienes accedieron irregularmente a Ceuta regresaron posteriormente a Marruecos, mientras las autoridades continúan gestionando las identificaciones, los posibles procedimientos de devolución, las solicitudes de protección internacional y la situación de los menores.
Ante acontecimientos de esta magnitud, la primera obligación de cualquier Gobierno es proteger la vida humana. Pero también debe garantizar la seguridad, el control efectivo de las fronteras y el cumplimiento de la ley. Defender los derechos fundamentales no puede significar renunciar a una política migratoria ordenada, y exigir el respeto de las fronteras no puede convertirse en una excusa para deshumanizar a quienes arriesgan su vida.
El problema aparece cuando las organizaciones criminales detectan una interpretación jurídica, una demora administrativa o una diferencia entre los procedimientos terrestres y marítimos y la convierten en un reclamo para atraer a miles de personas.
El Tribunal Supremo determinó recientemente que el régimen especial de rechazo en frontera no puede aplicarse automáticamente a quienes son interceptados intentando acceder a nado, al entender que la legislación vigente lo vincula a la superación de los elementos físicos de contención fronteriza. Esas personas deben someterse al procedimiento ordinario de extranjería, con identificación individual, asistencia y posibilidad de solicitar protección internacional.
El tribunal interpreta la ley existente. Por tanto, si la norma produce diferencias difíciles de justificar entre quien intenta superar una valla y quien rodea esa misma frontera por el mar, corresponde al poder legislativo estudiar su modificación.
Cerrar los vacíos legales sin eliminar garantías
España necesita una reforma clara, proporcionada y compatible con la Constitución, el derecho europeo y los tratados internacionales. No se trata de establecer devoluciones indiscriminadas ni de impedir que una persona perseguida pueda solicitar asilo. Se trata de evitar que las redes de tráfico humano puedan anunciar que una determinada ruta ofrece mayores posibilidades de permanencia por la existencia de un vacío procedimental.
La legislación debería permitir una respuesta rápida en toda la línea fronteriza, terrestre y marítima, pero manteniendo una evaluación individual que identifique a menores, posibles víctimas de trata, personas vulnerables y solicitantes de protección internacional.
También deberían habilitarse equipos permanentes de identificación y tramitación rápida en Ceuta y Melilla, con medios judiciales, policiales, sanitarios y de traducción suficientes. Una garantía legal que tarda meses en resolverse deja de ser eficaz tanto para la persona afectada como para el Estado.
La devolución de quienes no tengan derecho a permanecer en España debe ejecutarse con rapidez y con todas las garantías. Al mismo tiempo, quienes realmente necesiten protección deben poder acceder a ella mediante procedimientos seguros, sin verse obligados a pagar a una mafia ni a lanzarse al mar.
Las mafias no pueden marcar la política migratoria
Las organizaciones criminales comercian con la desesperación. Difunden mensajes falsos, cobran por rutas extremadamente peligrosas y utilizan cualquier cambio político o judicial para convencer a personas vulnerables de que existe una oportunidad inmediata para entrar en Europa.
Por ello, la respuesta no puede limitarse a levantar nuevas barreras. España y la Unión Europea necesitan reforzar la persecución financiera y tecnológica de estas redes, identificar a quienes organizan las salidas, eliminar sus canales de captación y colaborar con los países de origen y tránsito.
También es necesario explicar con claridad que una entrada irregular no garantiza la residencia, el traslado a la Península ni la regularización. La desinformación es uno de los principales instrumentos de las mafias, y combatirla puede evitar más muertes.
Una política de Estado y una respuesta europea
La inmigración no debería convertirse en un arma electoral. Gobierno y oposición tienen la responsabilidad de alcanzar un acuerdo de Estado que combine humanidad, seguridad y eficacia. Las decisiones deben adoptarse antes de que ocurra una nueva emergencia y no únicamente cuando las imágenes ya recorren el mundo.
Ceuta y Melilla no pueden afrontar solas una presión que afecta a toda España y a la Unión Europea. Bruselas debe implicarse con medios económicos, operativos y diplomáticos, porque proteger estas ciudades es proteger la frontera común europea.
España debe acoger a quien tenga derecho a ser protegido, integrar a quien llegue legalmente y devolver, conforme a la ley, a quien no cumpla los requisitos para permanecer. Todo ello debe hacerse respetando la dignidad de cada persona, pero sin permitir que las mafias decidan cuándo, cómo y por dónde se atraviesan nuestras fronteras.
Cambiar una ley no significa eliminar derechos. En ocasiones significa cerrar las grietas que utilizan quienes se enriquecen poniendo vidas en peligro.
La solidaridad sin orden termina desbordada. El control sin humanidad resulta inaceptable. España necesita ambas cosas: una frontera segura y una legislación justa, clara y preparada para anticiparse a la próxima crisis.