Palma inicia el censo en la antigua prisión para avanzar en el desalojo por motivos de seguridad

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el control de accesos y la elaboración del censo de las cerca de 200 personas que viven en la antigua prisión, paso previo al proceso de desalojo impulsado tras los recientes incendios registrados en el interior del recinto. El Consistorio insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad y evitar riesgos graves para los residentes.

El operativo municipal para recuperar la antigua prisión de Palma ha arrancado con la identificación de las personas que habitan el inmueble, una actuación que se prolongará durante dos días y que permitirá actualizar el censo antes de iniciar los trámites legales del desalojo.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la decisión se ha acelerado por los incendios ocurridos el pasado fin de semana, que evidenciaron el riesgo existente en el interior de la instalación. El objetivo, según el Consistorio, es prevenir situaciones que puedan poner en peligro la integridad de quienes viven en el edificio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene contactos con distintas instituciones para intentar ofrecer soluciones temporales de alojamiento. Sin embargo, personas que residen en la antigua prisión aseguran que no cuentan con una alternativa habitacional y temen quedarse sin un lugar al que ir cuando se ejecute el desalojo.

Tras la recuperación del espacio, el Consistorio prevé limpiar el recinto y cerrarlo para evitar nuevas ocupaciones mientras se desarrollan los proyectos urbanísticos previstos en la zona.