Los médicos de Baleares denuncian tarifas “indignas” en la sanidad privada y alertan del deterioro del sistema
El Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears ha advertido del deterioro de la relación entre los profesionales sanitarios y las aseguradoras privadas, denunciando la existencia de tarifas que califican de “indignas”, un aumento de la burocracia y un modelo asistencial que, según el colectivo, pone en riesgo tanto la calidad de la atención al paciente como la viabilidad del propio sistema sanitario privado en las Islas.
La advertencia se basa en el estudio Profesionales del sector de la medicina privada 2025, elaborado a partir de una encuesta realizada a 236 médicos de Baleares, que dibuja un escenario que los profesionales califican de crítico. Entre los principales problemas señalados destacan honorarios considerados obsoletos, cargas administrativas crecientes y pólizas de bajo coste que, según denuncian, terminan repercutiendo en el tiempo disponible para la atención médica.
El informe identifica cinco riesgos principales derivados de la situación actual: un aumento de la presión asistencial sobre el sistema público, la consolidación de un sector privado con menor capacidad resolutiva, dificultades para retener talento médico en las Islas, posibles riesgos para la seguridad del paciente debido a tiempos de consulta insuficientes y una mayor dependencia de grandes grupos sanitarios, con la consiguiente pérdida de autonomía profesional.
Ante este escenario, el Colegio Oficial de Médicos de Baleares reclama una reforma profunda del modelo de sanidad privada en el archipiélago. Entre las medidas propuestas figuran la actualización anual de los baremos según el IPC y la complejidad asistencial, la reducción de la burocracia y la agilización de autorizaciones clínicas, la implantación de modelos como el reembolso o copagos responsables, la revisión de la nomenclatura médica junto a sociedades científicas y la creación de acuerdos específicos para especialidades especialmente tensionadas.
El colectivo considera que estas medidas son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema privado y preservar la calidad asistencial en un contexto de creciente demanda sanitaria.