El Govern solicita al Ministerio de Infancia acogerse a la contingencia migratoria para paralizar el reparto de menores no acompañados procedentes de otras comunidades
El Govern de les Illes Balears ha solicitado formalmente, a través de un escrito que la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha remitido al Ministerio de Infancia y Juventud, poder acogerse a la figura de contingencia migratoria con el objetivo de paralizar el traslado de menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas.
Esta petición se enmarca en un contexto de presión sin precedentes: solo en los ocho primeros meses del año han llegado a las costas baleares 4.895 personas migradas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados que han pasado a ser tutelados por los consells insulares.
Según los datos oficiales, en las Illes Balears ya se tutelan 694 menores migrados no acompañados, cuando el Real Decreto 743/2025 establece una capacidad ordinaria de 406 plazas. Esto implica que 2 de cada 3 menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000%.
En este sentido, la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha advertido que “la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección”.
Paralelamente, el Govern continúa desplegando acciones legales para defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular. Hoy mismo, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y ya se trabaja en otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto. Estas impugnaciones se suman al recurso interpuesto en el mes de marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, actualmente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El Govern de les Illes Balears insiste en que continuará utilizando todas las vías políticas y jurídicas disponibles para garantizar el respeto al principio del interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección en el archipiélago.
