El Supremo decidirá este viernes sobre la suspensión de la regularización masiva de migrantes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acoge este viernes una vista clave para el futuro de la política migratoria en España. El alto tribunal escuchará los argumentos de diversas organizaciones, del partido Vox y de la Comunidad de Madrid, quienes exigen la paralización cautelar inmediata del real decreto de regularización aprobado por el Ejecutivo central. Frente a ellos, la Abogacía del Estado blindará la medida alegando que suspender el proceso atentaría de forma directa contra el interés general y los derechos de los afectados.

Un frente político y social para frenar el decreto

La cita judicial, que inicialmente estaba programada para el pasado 13 de mayo y tuvo que posponerse por necesidades del servicio, reunirá a un bloque firmemente opuesto a la medida gubernamental. Entre los convocados que demandan la suspensión de urgencia se encuentran la formación política Vox, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y colectivos como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la organización Libertad y Justicia.

Los recurrentes exponen motivos de diversa índole para justificar el freno inmediato del decreto antes de que se juzgue el fondo del asunto:

• Impacto institucional y legal: Hazte Oír defiende ante el tribunal que la normativa excede los límites legales permitidos y modifica de manera estructural la política de migración del Estado con consecuencias permanentes.

• Colapso y derechos adquiridos: Desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierten de un daño irreparable ligado a la gestión de un volumen desmesurado de peticiones y a la concesión de permisos de residencia y trabajo que consolidarían situaciones jurídicas individuales de difícil retorno.

• Saturación de servicios públicos: La Comunidad de Madrid sostiene que la regularización impacta con gravedad en la calidad de las prestaciones y servicios públicos de la región al no incluir fondos ni medios para asumirla, además de contradecir los marcos normativos de la Unión Europea y comprometer la seguridad.

• Discurso político: En el plano puramente político, el dirigente de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado la iniciativa de institucionalización de una invasión, criticando que se mande un mensaje internacional de que vulnerar las fronteras tiene premio en el país.

Moncloa apela al interés general y a los derechos adquiridos

En la orilla opuesta, el Ejecutivo central fía su defensa a los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado. En sus alegaciones previas, los servicios jurídicos del Gobierno han pedido formalmente mantener el decreto en vigor, alertando de que una hipotética suspensión cautelar causaría un perjuicio directo sobre los ciudadanos extranjeros implicados en el proceso, desestabilizando el interés general. Con las cartas sobre la mesa, el Supremo deberá ponderar este viernes si congela la tramitación o permite que la regularización continúe su curso de forma provisional.