La nueva Ley de la Vivienda permitirá limitar los alquileres en aquellas zonas de Baleares consideradas ‘tensionadas’
A sólo 44 días de las elecciones locales y autonómicas, al fin los partidos del Gobierno de España han sido capaces de confluir en un proyecto largamente anunciado: la Ley de la Vivienda. A falta de conocer los detalles de su articulado, se ha pactado que los gobiernos autonómicos podrán determinar en qué zonas se podrán limitar los precios de los alquileres y, también, que se considerará ‘gran tenedor’ a aquella persona o empresa que tenga cinco o más viviendas a su nombre.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha pactado con los grupos Esquerra Republicana de Cataluña y los vascos de Bildu la nueva Ley de la Vivienda.
Aún sin conocerse los detalles concretos, los gobiernos autónomos, entre ellos el de las Islas Baleares, podrán declarar zonas tensionadas aquellas partes de su territorio en los que, por el precio de los alquileres, estos podrán ser limitados por ley.
Una contención de rentas que supondrá valorar de forma distinta el tope de los alquileres de las viviendas según su propietario. Asimismo, los propietarios de más de cinco viviendas serán declarados grandes tenedores y, por tanto, se les podrán aplicar medidas coercitivas para evitar el acaparamiento de casas.
También se declara específicamente en la nueva ley que los gastos propios de un alquiler serán pagados por el propietario, y nunca por los ciudadanos que alquilen la vivienda. Los desahucios tienen, de forma paralela, su espacio en el proyecto de la Ley de la Vivienda y se limita su ejecución.
Este proyecto de ley ahora tiene que ser tramitado por el Gobierno y en las Cortes. De no producirse ninguna desavenencia, no cumplirá su ciclo antes de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, pero sí se esperan sus autores que sea antes de las generales, previstas para el mes de diciembre.
MÉS PER MALLORCA Y PSIB
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrado que el acuerdo alcanzado en la ley estatal de Vivienda, atienda a las reclamaciones de Baleares, ya que incluirá límites al precio del alquiler y dará más herramientas a las comunidades.