España vuelve a llevar a Bruselas la oficialidad del catalán, gallego y euskera ante una futura ampliación de la UE

España recupera el debate lingüístico en la UE

España volverá a plantear ante los Veintisiete la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. El Gobierno ha solicitado incluir la cuestión en la reunión del Consejo de Asuntos Generales prevista para el próximo 22 de septiembre en Bruselas.

Será la primera vez en más de un año que el asunto regrese a este nivel. Sin embargo, no está previsto que los Estados miembros adopten una decisión ni que se produzca necesariamente un debate de fondo.

La cuestión figurará como un punto de «varios», lo que permitirá al secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, exponer la posición española y hacer balance de la situación.

La ampliación de la UE entra en la ecuación

Esta vez, España llevará el asunto bajo el epígrafe «lenguas oficiales y ampliación». El planteamiento del Gobierno parte de la posibilidad de que la futura incorporación de nuevos países obligue a modificar el régimen lingüístico europeo para añadir nuevos idiomas.

Albania y Montenegro se encuentran entre los candidatos más avanzados en sus respectivos procesos de adhesión.

Sampedro ha defendido que España respalda firmemente la ampliación de la Unión, pero espera que antes pueda resolverse la situación de las tres lenguas cooficiales españolas.

«Antes, esperamos que las expectativas de 20 millones de europeos sean atendidas mediante un acuerdo, que saben debe ser por unanimidad, para el reconocimiento de las lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace ya 40 años», ha afirmado.

Preguntado sobre si España condicionaría nuevas adhesiones a la oficialidad del catalán, gallego y euskera, Sampedro no ha planteado un veto y se ha limitado a expresar su convencimiento de que la petición española «se resolverá mucho antes».

La unanimidad sigue bloqueando el acuerdo

España presentó formalmente la solicitud en agosto de 2023, pero la necesidad de conseguir el respaldo unánime de los 27 Estados miembros ha impedido hasta ahora que prospere.

Entre las principales reservas planteadas por algunos países figuran las dudas jurídicas y el temor a que la medida pueda sentar un precedente para otras lenguas minoritarias dentro de la Unión.

El Gobierno sostiene que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen a la propuesta, mientras que otras fuentes europeas sitúan en al menos una decena las delegaciones que han expresado dudas.

Alemania mantiene sus reservas

Alemania continúa siendo uno de los principales obstáculos. En julio de 2025, Berlín defendió que podría ser necesaria una reforma de los Tratados para proporcionar una base jurídica suficiente al reconocimiento de las tres lenguas.

España y Alemania acordaron posteriormente abrir un diálogo bilateral para buscar una fórmula aceptable para todos los Estados miembros.

Las conversaciones, sin embargo, no han permitido hasta ahora desbloquear la situación. Tras el encuentro del pasado 20 de mayo entre el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, Berlín mantuvo sus reservas, especialmente en el ámbito jurídico.

España asumiría el coste de la oficialidad

Para tratar de despejar las reticencias, el Gobierno se ha comprometido a asumir los gastos adicionales derivados de incorporar las tres lenguas. La Comisión Europea ha estimado ese coste en alrededor de 132 millones de euros anuales tomando como referencia la experiencia con el gaélico.

El Ejecutivo también ha propuesto una implantación progresiva. El planteamiento presentado en 2025 contempla que el catalán, el gallego y el euskera adquieran una oficialidad parcial a partir de 2027, comenzando por la traducción de los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo.

España volverá ahora a intentar acercar posiciones en Bruselas, aunque cualquier modificación del régimen lingüístico comunitario seguirá necesitando el visto bueno de todos los Estados miembros.