Detenidos el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez en una trama de contratos públicos presuntamente amañados
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha detenido este miércoles al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a la exmilitante socialista Leire Díez, en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta red de amaños en contratos públicos y cobro de mordidas.
Las detenciones se producen pocos días después de que Fernández hubiese sido absuelto —junto a otras quince personas, entre funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía— en el conocido caso Aznalcóllar, donde se investigaba el supuesto amaño del concurso internacional para adjudicar la mina sevillana. Fernández presidió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, etapa en la que fue cesado precisamente al reabrirse ese procedimiento.
Vínculos profesionales y reuniones bajo sospecha
Durante su etapa como directora de Comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, Leire Díez coincidió con Vicente Fernández en diversas reuniones internas. Dirigentes socialistas sostienen que Díez actuó como una persona de confianza del entonces presidente de la SEPI, acompañándole con frecuencia en encuentros corporativos y técnicos.
Tras su salida de la SEPI, Fernández figuró entre 2021 y 2023 como empleado de Servinabar, una sociedad navarra actualmente investigada por ser —presuntamente— el canal para el cobro y reparto de comisiones ilegales vinculadas al ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, según informes de la Hacienda foral de Navarra.
La UCO apunta que Servinabar habría actuado como intermediaria en contratos públicos amañados, llegando a recibir un 2% del importe de obras adjudicadas a grandes compañías, como Acciona, según varias investigaciones judiciales previas. Durante esos dos años, Fernández habría percibido más de 100.000 euros, y otras fuentes elevan esa cifra hasta 219.000 euros, cantidades que no aparecieron en su currículum ni fueron declaradas públicamente.
Cargos: fraude, malversación y tráfico de influencias
La Audiencia Nacional imputa a Fernández y Díez delitos de:
• Fraude en la contratación pública
• Malversación de caudales públicos
• Falsedad documental
• Tráfico de influencias
• Prevaricación administrativa
Fuentes judiciales señalan que ambos habrían desempeñado un papel clave en una supuesta estructura destinada a manipular adjudicaciones, beneficiar a determinadas empresas y canalizar pagos irregulares. La investigación también vincula a Díez con el entorno directo de Santos Cerdán, considerado por la UCO como “enlace” en varias operaciones bajo sospecha.
Comparecencia en el Senado y silencio ante las preguntas
Antes de su detención, Fernández compareció en el Senado, dentro de la comisión de investigación abierta por este caso. Sin embargo, se negó a responder, argumentando que seguía implicado en otro procedimiento relacionado con Aznalcóllar.
Un escándalo que sacude a las instituciones
La detención de un ex presidente de la SEPI —organismo clave que controla gran parte del patrimonio empresarial del Estado— y de una figura vinculada al área de comunicación de una empresa pública estratégica supone un golpe institucional. El caso reaviva el debate sobre la transparencia de las adjudicaciones públicas y los mecanismos de control interno.
No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras Anticorrupción continúa analizando contratos, informes económicos y comunicaciones internas de las empresas involucradas.