El Consell de Mallorca presenta la futura ley de la Serra de Tramuntana para proteger el paisaje cultural y garantizar su viabilidad económica

El Consell de Mallorca ha presentado en el refugio de Galatzó, la antepropuesta de ley de la Serra de Tramuntana, una norma que tiene como objetivo dotar al territorio de una herramienta eficaz para asegurar la protección, la gestión, la conservación y la viabilidad económica del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El acto ha contado con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de los municipios que integran la Serra de Tramuntana, así como de los órganos que forman parte del Consorcio Serra de Tramuntana, representantes del sector primario, entidades y agentes vinculados al territorio.

El texto, que se estructura en 8 títulos, 13 capítulos y 62 artículos, nace con la voluntad de dotar a la Serra de un marco jurídico completo que permita su protección y mejore su gestión. El presidente del Consell de Mallorca ha destacado que se trata de «una herramienta para proteger y conservar el paisaje cultural amparado por la declaración de la UNESCO, fruto del diálogo con ayuntamientos, propietarios y todos los sectores implicados», y ha subrayado que es «una ley que huye de las prohibiciones y se fundamenta en la colaboración, la simplificación administrativa y el desarrollo económico sostenible».

Por su parte, el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha remarcado que esta norma «quiere ser una ley para la gente de la Serra, para quienes viven en ella, para quienes trabajan en ella y para quienes la cuidan cada día», y ha recordado que «todos sabemos que la Serra es espectacular y que impresiona, pero lo que mucha gente olvida es que es Patrimonio Mundial porque es un paisaje cultural fruto de la interacción entre los factores naturales y humanos a lo largo de los siglos».

Entre las principales novedades, la proposición de ley amplía el ámbito de protección para incluir fincas, núcleos y zonas muy vinculadas históricamente a la Serra, pero que habían quedado fuera del trazado inicial de la UNESCO.

Además, se crea por primera vez la figura de evaluación de impacto patrimonial para cualquier actuación que pueda afectar a los valores que definen este paisaje cultural, situando a Mallorca a la vanguardia en su conservación. Asimismo, el Consorcio creará un sistema de indicadores para evaluar el impacto de los visitantes y establecer la capacidad de acogida del territorio con el fin de evitar efectos negativos. Al mismo tiempo, la futura norma apuesta por la simplificación administrativa para evitar que la protección se convierta en un obstáculo para la gestión del territorio. En este sentido, consolida el Consorcio Serra de Tramuntana como única autoridad de gestión del paisaje cultural, con capacidad real de coordinación entre administraciones, y simplifica los trámites para actuaciones vinculadas a explotaciones agrarias, como la reconstrucción de márgenes de piedra en seco o la recuperación de cultivos abandonados.

La propuesta sitúa al sector primario como un elemento central en la conservación del paisaje cultural, con medidas para recuperar campos de cultivo abandonados, impulsar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios y reconocer por primera vez la actividad cinegética como parte del sistema de gestión del territorio.

También permitirá requerir la limpieza de terrenos abandonados que generen riesgo de incendio, especialmente cerca de zonas habitadas, y hace posibles actuaciones de mejora en edificaciones vinculadas a la actividad agraria y construcciones tradicionales, siempre con licencia municipal, respeto a la normativa ambiental y sin aumento de volumen ni de altura, para garantizar su conservación y funcionalidad.

Otra de las grandes novedades es el reconocimiento del valor de las possessions como elementos clave del paisaje cultural. La norma permitirá el desarrollo de actividades complementarias compatibles con la conservación, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las fincas y evitar su abandono.

La futura ley refuerza igualmente la protección del patrimonio cultural mediante la creación de catálogos e inventarios, la protección de elementos singulares como olivos y encinas monumentales o conjuntos de bancales, y regula el uso obligatorio de la técnica tradicional de la piedra en seco en actuaciones de conservación. También incorpora medidas para avanzar hacia la sostenibilidad energética como la creación de proyectos que permitan compensar emisiones mediante inversiones directas en la conservación de la Serra.

El texto también incorpora medidas para afrontar retos actuales como la contaminación lumínica y acústica, con la creación por primera vez de un órgano de coordinación interinstitucional con capacidad para adoptar decisiones conjuntas entre administraciones. Asimismo, se prohíbe la circulación recreativa de quads por caminos no asfaltados y se prevé la posibilidad de limitar el número de actividades anuales para garantizar la compatibilidad con la conservación del territorio y la calidad de vida de los residentes.

La norma reconoce igualmente la Serra como un espacio de acceso público ordenado y compatible con el respeto a la propiedad privada. También prevé que el Consorcio pueda proponer restricciones de acceso u otras limitaciones en determinados espacios o periodos cuando se produzcan situaciones de masificación que puedan poner en riesgo el patrimonio, impedir el desarrollo de actividades en condiciones adecuadas o cuando sea necesario garantizar la compatibilidad con determinadas actividades cinegéticas. Además, crea el Cuerpo de Voluntarios de la Serra de Tramuntana y regula actividades como el montañismo para garantizar su práctica de manera segura y respetuosa con el territorio.

Finalmente, el proyecto establece un sistema específico de financiación que garantiza recursos estables con la participación del Govern de las Illes Balears, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos, y con acceso prioritario a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. También incorpora un régimen sancionador graduado, con multas que pueden llegar hasta un millón de euros en los casos más graves, como provocar incendios forestales, causar daños graves al patrimonio o llevar a cabo actuaciones no autorizadas que alteren elementos protegidos.

El presidente del Consell ha afirmado que «esta ley no es solo una norma, es un compromiso con la Serra, con su gente y con el futuro de Mallorca», y ha subrayado que el objetivo es alcanzar el máximo consenso para garantizar su continuidad. La proposición de ley inicia ahora su proceso de participación pública, con la apertura de un periodo de alegaciones de dos meses, hasta el 15 de abril, para que ayuntamientos, entidades y ciudadanía puedan analizar el texto y presentar sus aportaciones. Además, el Consell de Mallorca llevará a cabo una nueva ronda de reuniones con los municipios y los sectores implicados para continuar recogiendo propuestas y avanzar hacia el máximo consenso.