Bruselas pone el foco en España por los fallos de las pulseras antimaltrato

Bruselas vuelve a mirar hacia España. La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaràs, ha solicitado a la Comisión Europea que revise a fondo los fallos técnicos y las posibles irregularidades del sistema COMETA, el conjunto de pulseras de seguimiento telemático destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Se trata ya de la segunda pregunta parlamentaria presentada en el Europarlamento por este asunto, después de que tribunales y medios españoles hayan documentado problemas graves desde 2023 .

Según Estaràs, estos fallos se inscriben en un patrón más amplio de decisiones políticas que, a su juicio, “han desprotegido alarmantemente a la mujer”. Entre ellas señala las consecuencias de la Ley del “sí es sí”, la presunta utilización de mujeres por parte de miembros de la trama Koldo, así como las denuncias por acoso sexual que pesan sobre Francisco Salazar, asesor del presidente del Gobierno español .

Incidentes que llegan a Bruselas

Las últimas incidencias documentadas incluyen episodios especialmente preocupantes. En uno de ellos, una mujer que circulaba en coche junto a su hija y su madre se cruzó con su agresor sin que saltara ninguna alerta, lo que le provocó un ataque de pánico. Según el relato conocido, incluso habría recibido explicaciones erróneas desde el propio centro COMETA, responsable del dispositivo .

“Las mujeres víctimas de violencia necesitan dispositivos fiables”, advirtió Estaràs, recordando que una alerta que no llega o una geolocalización incorrecta puede tener consecuencias irreversibles. Si un sistema financiado con fondos europeos muestra fallos continuados “la Comisión tiene la obligación de examinarlo”, insistió la eurodiputada .

Fallos técnicos, pérdida de datos y consecuencias judiciales

Los problemas señalados a Bruselas no son menores. El documento menciona:

    •    Pérdida masiva de datos tras el cambio de empresa adjudicataria.

    •    Manipulaciones de dispositivos que no emitieron alertas.

    •    Errores de geolocalización.

    •    Menor resistencia al agua de la certificada.

    •    Señales idénticas para avisos de batería baja y agresor cercano.

    •    Desconexiones que habrían afectado a miles de usuarias .

Estas incidencias, además, habrían afectado directamente a procedimientos judiciales en España, provocando sobreséimientos y absoluciones por falta de pruebas, tal y como reconocieron distintas audiencias provinciales y la Fiscalía General del Estado. A pesar de ello, según Estaràs, el Gobierno español no habría asumido responsabilidades ni impuesto sanciones a la empresa adjudicataria desde 2023 .

Bruselas podría exigir responsabilidad financiera

La Comisión Europea podría solicitar al Gobierno español un informe exhaustivo sobre los fallos del sistema, así como sobre los procesos judiciales afectados. Además, no se descarta la posibilidad de imponer correcciones financieras si se confirmase que el contrato no cumple las normas europeas de contratación pública ni los principios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) .

“No basta con decir que todo funciona; hay que demostrarlo”, aseguró Estaràs, defendiendo la necesidad de que Bruselas aclare un asunto que, en su opinión, sigue rodeado de “demasiadas incógnitas”.