Prohens y los presidentes de los cuatro consells reclaman a la ministra de Infancia retirar el último decreto sobre el reparto de menores y declarar la contingencia migratoria en las Illes Balears
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha mantenido este jueves una reunión en el Consolat de Mar con la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego, y los cuatro presidentes de los consells insulares: el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, para abordar la situación del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las islas.
Durante el encuentro, la presidenta ha trasladado a la ministra la «situación límite» que vive actualmente el sistema de protección de menores en las Illes Balears, en un contexto marcado por la presión migratoria de los últimos años. En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años han llegado más de 20.000 personas migrantes en patera a las islas, 7.000 de ellas solo en 2025 y 1.400 en lo que va de 2026, lo que supone un incremento del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En la actualidad, las Illes Balears acogen a 733 menores migrantes no acompañados, lo que representa alrededor de dos tercios del total de menores tutelados en las islas. Esta cifra supone 327 menores por encima de la capacidad ordinaria de acogida asignada por el Estado, superando en más de un 80 % dicha capacidad y alcanzando niveles de sobreocupación del 1.000 % en las plazas específicas para menores migrantes.
Prohens ha insistido en que «no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad», subrayando que el sistema «lleva tiempo desbordado» y que ya no es posible garantizar una atención en condiciones de dignidad. Además, ha destacado que la falta de recursos no es únicamente económica, sino también de infraestructuras y de profesionales disponibles.
Ante esta situación, el Govern y los consells insulares han trasladado a la ministra tres peticiones concretas. En primer lugar, la retirada del último decreto estatal que amplía la capacidad ordinaria de acogida en Balears, pasando de 406 a 434 plazas, lo que elevaría el umbral previo a la declaración de contingencia migratoria.
En segundo lugar, han solicitado la declaración de la contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores hacia las islas.
Y, en tercer lugar, han reclamado un mayor apoyo económico por parte del Gobierno de España para atender a los menores actualmente acogidos.
La presidenta también ha recordado que, según la Fiscalía de Menores de Balears, la atención a los menores migrantes no encaja plenamente en el sistema ordinario de protección, ya que se trata de una realidad vinculada a la política migratoria, competencia exclusiva del Estado.
En cuanto a la financiación, Prohens ha señalado que los 7,8 millones de euros transferidos por el Gobierno de España resultan «claramente insuficientes» para hacer frente a la situación actual. Como ejemplo, ha indicado que solo el Consell de Formentera recibió el año pasado 4 millones de euros adicionales del Govern para garantizar la viabilidad de sus servicios sociales ante la presión asistencial.
Durante la reunión, la ministra ha defendido el actual modelo de reparto de menores entre comunidades autónomas, si bien el Govern y los consells han solicitado su revisión, al considerar que «no tiene en cuenta la capacidad real de acogida ni las condiciones en las que se atiende a los menores».
Ley de protección de la infancia
Además, la presidenta ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos recogidos en su artículo 57, incluyendo el delito de acoso cuando se comete sobre menores, para excluir del acceso a profesiones que implican contacto con menores a las personas condenadas por estos hechos.
Por ello, el Parlament de les Illes Balears, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, está impulsando una reforma de este artículo para su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Prohens ha explicado que en las Illes Balears, a raíz de un caso concreto, se ha detectado una laguna en dicha normativa, ya que actualmente no impide ejercer la docencia a personas condenadas por acoso a menores si no existe una inhabilitación expresa en la sentencia judicial. Una situación que, según ha señalado, «deja atado de pies y manos al Govern» en su voluntad de garantizar la protección y la seguridad de los menores, así como la tranquilidad de sus familias.
En este sentido, ha recordado que el conseller de Educación ya trasladó esta problemática al anterior Ministerio de Educación, sin que se haya producido hasta ahora una modificación legislativa.
El Govern utilizará «todas las vías legales disponibles»
Finalmente, Prohens ha asegurado que tanto el Govern como los consells insulares seguirán utilizando «todas las vías legales disponibles» para defender los intereses de los menores y del conjunto de la ciudadanía de las Illes Balears, al tiempo que ha apelado al Gobierno de España a «reconsiderar sus políticas y adoptar soluciones ajustadas a la realidad que viven las islas».
