El Govern pone en marcha el paquete de medidas de 160 millones para paliar los efectos en las Illes Balears de la guerra en Oriente Medio

El Govern de les Illes Balears inicia el despliegue del paquete de medidas que moviliza 160,75 millones de euros, con el objetivo de paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio sobre la economía de las Illes Balears.

Desde la aprobación del Decreto ley 1/2026 el pasado 1 de abril, en un Consell de Govern extraordinario, el Ejecutivo ha intensificado el trabajo conjunto entre las diferentes conselleries implicadas con el fin de garantizar una implementación eficaz, coordinada y ágil de todas las líneas de ayuda. El Govern prevé así cumplir con los plazos previstos con el objetivo de proteger el tejido productivo y los sectores económicos más expuestos a los efectos del conflicto internacional.

Esta labor se lleva a cabo mediante espacios de coordinación permanentes que permiten compartir información actualizada, ajustar los criterios de actuación y anticipar posibles necesidades emergentes.

El Govern destaca que este paquete de medidas se ha diseñado teniendo en cuenta un análisis del impacto económico de la guerra en Oriente Medio sobre las Illes Balears, y tras haberse reunido con los agentes sociales, los sectores económicos, los consells insulares, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, con el fin de escuchar las diferentes propuestas, asegurar una respuesta efectiva y eficiente, y alcanzar el máximo consenso posible.

El Ejecutivo remarca que la intensificación del trabajo conjunto entre áreas permite adaptar las convocatorias de ayudas a la realidad específica de cada sector y territorio, asegurando que los recursos públicos lleguen de manera efectiva. Cabe recordar que las ayudas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera.

Asimismo, se trabaja para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas, con el objetivo de reducir plazos y aumentar la eficiencia en su tramitación.

Reclamación al Gobierno de España

El pasado 9 de abril, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, envió una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, para reclamar formalmente al Estado medidas específicas para proteger la economía de las Illes Balears ante la guerra en Oriente Medio.

La reclamación se ha realizado tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el de las Islas Canarias para compensar los efectos económicos derivados de la crisis internacional. El Govern de les Illes Balears entiende y respeta la condición de región ultraperiférica de Canarias y sus rasgos diferenciales, pero considera igualmente necesario que se tengan en cuenta las especificidades propias de la realidad insular balear.

El paquete de medidas de 160 millones

El paquete de medidas moviliza hasta 160,75 millones de euros entre líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y autónomos, ayudas directas, rebajas fiscales y revisiones de precios de las adjudicaciones públicas. Concretamente, se movilizan 75 millones en líneas de liquidez y financiación de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, SGR.

En segundo lugar, se activan 36,75 millones en ayudas directas para los sectores más afectados por el incremento de precios, divididos de la siguiente manera: 13,5 millones para el sector primario; 13,5 millones para la industria, la construcción y el comercio; y 9,8 millones para el sector del transporte. Ninguna de estas ayudas tributará en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, y las partidas son ampliables en función de la evolución de la guerra.

En tercer lugar, se ponen en marcha dos medidas fiscales que supondrán un impacto de 4 millones de euros: la recuperación de la deducción para aquellos contribuyentes con hipotecas de tipo variable, y las bonificaciones de las tasas portuarias en un 50% para las empresas de servicios y en un 100% para los pescadores profesionales.

Por otra parte, se movilizan 45 millones de euros para la revisión de los precios en contratos de obra pública y servicios, para adaptarlos a la escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones. Además, se simplifica la normativa y se implementan programas temporales para reforzar los equipos de gestión, con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas.

Finalmente, el Decreto ley da cobertura legal para actualizar la subida salarial del 1,5% a los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma, correspondiente al ejercicio 2026, con carácter retroactivo al 1 de enero del presente año.