La CNMC recurre el decreto del taxi y VTC de Baleares por considerar que limita la competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del decreto que regula los servicios de taxi y VTC en Baleares al considerar que incorpora medidas "innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias" que restringen la competencia y pueden perjudicar a los usuarios.

Antes de acudir a la vía judicial, la CNMC requirió al Govern que modificara o eliminara los artículos que consideraba problemáticos para evitar su impugnación. Sin embargo, el Ejecutivo balear rechazó sus propuestas, lo que ha derivado en el recurso contra el decreto aprobado por el Consell de Govern a finales de febrero.

El organismo aclara que no cuestiona la normativa en su conjunto, sino determinados requisitos de acceso y ejercicio de la actividad que, a su juicio, limitan la competencia sin una justificación suficiente.

Cuestiona la antigüedad y el tamaño de los vehículos

Entre los aspectos recurridos figura la exigencia de que los vehículos destinados a nuevas autorizaciones tengan una antigüedad inferior a dos años, una condición que, según la CNMC, restringe el acceso al mercado sin mejorar la calidad del servicio.

También rechaza la longitud mínima de 4,35 metros exigida para los vehículos de taxi y VTC, al considerar que reduce de forma injustificada la oferta de vehículos menos contaminantes y de menor tamaño, pese a que estos podrían mejorar la eficiencia del servicio y reducir la ocupación del espacio público.

Rechaza límites a los precios y al coche compartido

La CNMC también impugna la prohibición de contratar servicios VTC por plaza con pago individual, al entender que el coche compartido ampliaría la oferta, reduciría los precios y contribuiría a disminuir la congestión y la contaminación.

Asimismo, recurre la posibilidad de limitar el incremento de las tarifas de los VTC en momentos de alta demanda. A su juicio, esta medida puede provocar una "falta de incentivos" para los operadores, reducir la disponibilidad de vehículos y aumentar los tiempos de espera.

Publicación obligatoria de tarifas

Otro de los artículos cuestionados obliga a los operadores de VTC a publicar sus tarifas en sus páginas web. La CNMC considera que esta exigencia supone una carga innecesaria, ya que los precios se muestran al usuario antes de contratar el servicio a través de las aplicaciones móviles.

Además, recuerda que el Tribunal Supremo anuló recientemente una regulación similar en la Región de Murcia por vulnerar la libertad de empresa.