La Asociación de Constructores advierte que el alza del petróleo por el conflicto en Irán pone en riesgo la ejecución de obras
Además, alerta de un “efecto dominó”, ya que el encarecimiento del transporte y la producción industrial derivará en un nuevo aumento del coste de los materiales de construcción, como, por ejemplo: cemento, acero, aluminio y cerámicos, entre otros.
Se solicita al Gobierno central recuperar de forma urgente las bonificaciones al combustible que se establecieron por el conflicto de Ucrania y volver a incorporar la revisión de precios en la obra pública, incluyendo el factor energético.
Como ya sucedió, el incremento de los costes no puede ser absorbido íntegramente por las empresas sin poner en riesgo su solvencia o la continuidad de las obras en curso, lo que genera una inseguridad jurídica y económica tanto en obra pública como en privada.
En licitación pública, la falta de presupuestos actualizados y sin revisión de precios puede volver a provocar un aumento de las obras desiertas
La Asociación de Constructores de Baleares manifiesta su profunda preocupación ante la escalada incontrolada del precio del petróleo y costes energéticos derivada del conflicto armado y la inestabilidad geopolítica en Irán. Esta situación está impactando de forma directa en los costes operativos de las empresas constructoras, cuya maquinaria pesada y logística dependen críticamente de este combustible.
Además, de forma inevitable, va a repercutir en una nueva escalada de precios de los materiales de construcción por un “efecto dominó”. El incremento del petróleo encarece toda la cadena de suministro. Por un lado, el coste del transporte logístico se dispara; por otro, las industrias extractivas y de fabricación de materiales (altamente dependientes de la energía) se ven obligadas a trasladar sus sobrecostes a productos finales como cemento, acero, aluminio y cerámicos, entre otros.
Recordar que el sector ya viene desde la pandemia arrastrando unas subidas desorbitadas de los costes. El incremento del índice MITMA de costes del sector de la construcción, en el bienio 2021-2022, fue superior al acumulado en los quince años anteriores.
A principios de este 2026, los costes de construcción siguen en Baleares entre un 30% y un 35% por encima de los niveles prepandemia (2020).
En una semana, el precio del gasóleo en Baleares se ha incrementado en 30 céntimos por litro, lo que representa un aumento del 25%. Trasladado a un ejemplo práctico en el sector, el coste de llenar el depósito de una máquina excavadora ha subido entre 75 y 100 euros más para un uso de solo un día y medio.
Ante este escenario de emergencia, la Asociación solicita al Govern de les Illes Balears que traslade al Gobierno central la necesidad urgente de adoptar soluciones que ya demostraron su eficacia en crisis anteriores:
Bonificaciones al gasóleo: La recuperación inmediata de las ayudas directas al combustible que se implementaron durante la guerra de Ucrania para compensar las subidas.
Revisión de precios en contratos públicos: recuperar la revisión de precios en la contratación pública incorporando el factor energía para ajustar los contratos a la realidad del mercado.
Reducción de la carga fiscal: La Asociación subraya que el elevado coste fiscal de los combustibles es un lastre insoportable en momentos de crisis geopolítica. Es necesario modular estos impuestos para evitar que la inflación acabe bloqueando la actividad productiva y la inversión.
También solicitamos a todas las administraciones, incluyendo la autonómica y local (Consells y ayuntamientos):
Que incorporen de forma automática, como permite la ley, la revisión de precios en todas las licitaciones de obra pública con contratos superiores a un año.
La Asociación advierte que, de no tomarse medidas urgentes, podemos asistir a una paralización de obras, tanto públicas como privadas. Al igual que ocurrió en crisis anteriores, el incremento de los costes de producción no puede ser absorbido íntegramente por las empresas sin poner en riesgo su solvencia o la continuidad de las obras en curso, lo que genera una inseguridad jurídica y económica tanto en obra pública como privada.
En el ámbito de la obra pública, la situación es crítica: si la Administración no actualiza los presupuestos de licitación a la realidad del mercado, aumentarán otra vez los concursos desiertos. Ninguna empresa puede asumir contratos donde el coste de los materiales y factor energético no se pueda revisar en un entorno como el actual de tanta volatilidad, lo que supondría un freno en seco a infraestructuras clave para las islas.
En obra privada, la extensión del conflicto en el tiempo puede provocar problemas para ejecutar promociones de vivienda en los plazos requeridos y con incrementos de costes no deseados en un escenario de emergencia habitacional como el actual.