Armengol y Torres niegan en el Supremo haber intervenido en la compra de mascarillas investigada
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han negado en el Tribunal Supremo haber dado órdenes durante sus anteriores mandatos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Con sus testimonios como testigos, remitidos por escrito al Supremo y que han sido leídos por la letrada de la Administración de Justicia en el Salón de Plenos, ha arrancado hoy el juicio por el caso mascarillas.
Según el escrito como testigo remitido al Tribunal por Armengol, la expresidenta del Govern ha asegurado que no estaba al tanto de la tramitación de los expedientes administrativos y ha asegurado que no dio indicaciones sobre a quién se debía contratar para la compra de mascarillas en pandemia. La expresidenta ha señalado que, seis años después, no recuerda todas las comunicaciones, aunque no descarta que entre esas personas "pudiese encontrarse Koldo García". De hecho, ha admitido que fue con posterioridad cuando a través de los medios supo que se habían enviado algún wasap.
Armengol ha querido subrayar que "nunca" habló con Koldo "ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra" y sobre Ábalos ha afirmado igualmente que "nunca" tuvo conversación "sobre ninguna contratación de material sanitario". Respecto a Aldama, Armengol ha expresado que desconocía su papel y que tampoco "nunca" participó en "conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio". De hecho ha añadido que, como presidenta de Baleares en el anterior govern, no recibió ningún tipo de orden o presión para realizar contrataciones.
Con las lecturas de los escritos como testigos de Armengol y Torres ha arrancado el juicio por el caso mascarillas en el que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y que permanecen en prisión preventiva en Soto del Real, se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, se piden 7 años.
Recordemos que en el anterior govern de Francina Armengol, en 2020, Baleares adquirió mediante un procedimiento de urgencia, cerca de 1´5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por las que se pagaron 3’7 millones de euros y cuyo material no se pudo utilizar y se almacenó. Sin embargo, la compra de mascarillas de las islas, no son los hechos que se juzgan ahora en el Supremo ya que la adquisición del material por parte de Baleares es una pieza separada que investiga la Audiencia Nacional.