La Abogacía recurrirá ante el Tribunal Supremo el reparto de menores migrantes no acompañados
El Consell de Govern ha autorizado hoy a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El Real Decreto 658/2025 tiene por objeto desarrollar y concretar las actuaciones a realizar por la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía en caso de situación de contingencia migratoria extraordinaria, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La CAIB ha recurrido este real decreto ley ante el Tribunal Constitucional en base a varios puntos clave: la falta de presupuesto habilitante para adoptar medidas de urgencia, la vulneración de la reserva de ley orgánica y la invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en especial en materia de tutela y protección de los menores de edad.
La Comunidad Autónoma considera que la regulación establecida por el Real Decreto 658/2025 vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas, y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores. Dicha regulación afectaría gravemente la autonomía financiera de la CAIB, poniendo en peligro el sistema de protección de menores y dificultando la gestión de los recursos destinados a tal fin.
A través de este nuevo recurso que ahora se autoriza, el Govern quiere defender los derechos y las competencias de las Illes Balears en materia de protección de menores, y cuestionar la regulación impuesta por el Real Decreto, que establece un sistema de reparto forzoso de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta medida se aplica sin tener en cuenta las especificidades y capacidades propias de cada territorio, y puede suponer un reparto opaco e incluso discriminatorio, tal y como alertan los expertos jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Esta decisión se adopta tras un análisis detallado de los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores de edad en las Illes Balears, especialmente con respecto a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. La Conselleria de Familias ha considerado que el Real Decreto 658/2025 contraviene los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma, con un impacto negativo en la gestión y protección de este colectivo vulnerable.
El Govern de les Illes Balears reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados y la preservación de las competencias autonómicas en el ámbito de la protección de la infancia.
