Educación concertada anuncia protestas semanales en Baleares contra ley estatal

Una docena de manifestantes se ha concentrado este viernes ante la Delegación del Gobierno en Baleares para denunciar la exclusión de la enseñanza concertada en el nuevo proyecto de ley educativa del Estado. Convocados por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), los asistentes reclamaron igualdad de condiciones frente a la escuela pública, advirtiendo que repetirán las protestas cada viernes durante la tramitación parlamentaria de la norma. El sindicato critica que la reforma legal perpetúa una brecha laboral perjudicial para la calidad de los centros y el personal.

Brecha laboral y desigualdad en las horas lectivas

El motivo central del conflicto radica en el reparto de las jornadas formativas que prevé el nuevo marco normativo nacional. Antoni Sacarés, secretario general de FSIE en las islas, ha puesto el foco en los agravios comparativos que introduce el texto legal: 

• El profesorado de la pública: El proyecto de ley contempla una reducción de la jornada del personal docente de Secundaria en los centros públicos, fijando su límite en las 18 horas lectivas.
• El profesorado de la concertada: A nivel estatal, los profesionales de los centros concertados mantendrían una carga de 25 horas semanales, lo que supone una diferencia de 7 horas respecto a la pública.
• La excepción en Baleares: Sacarés ha matizado que, gracias a diversos acuerdos autonómicos, los docentes de la concertada en el archipiélago ya disponen actualmente de una reducción hasta 23 horas lectivas.

Reivindicaciones económicas y calendario de protestas

La movilización en Palma forma parte de una campaña coordinada nacional para exigir mejoras en la financiación y funcionamiento general de las instituciones educativas concertadas. Desde FSIE remarcan que la actual asfixia económica no solo golpea a los profesores, sino que compromete de forma directa al Personal de Administración y Servicios (PAS) y a la propia calidad de la enseñanza.

Bajo proclamas visibles en las pancartas como "Mismo servicio público, mismas condiciones", "Financiación justa" o "Reducción de la jornada lectiva", los sindicatos han recordado que la administración tiene la obligación directa de rebajar la carga laboral. Para lograrlo, exigen una dotación presupuestaria pública adicional que asuma los costes derivados de la medida. El calendario de presión contempla mantener las concentraciones todos los viernes frente a las delegaciones gubernamentales, para concluir con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados coincidiendo con el día de la votación de la ley.

Con esta campaña de movilizaciones, los sindicatos buscan blindar el modelo de la educación concertada frente a las reformas de Madrid, recordando que la equidad en las aulas no se limita a las ratios de los alumnos, sino que pasa obligatoriamente por dignificar las condiciones laborales de todo su personal.