Rosa Estaràs denuncia que la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez agrava la ocupación ilegal y la inseguridad jurídica
La eurodiputada del Partido Popular denuncia que la ocupación ilegal sigue creciendo en España ante la pasividad del Gobierno
La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs ha denunciado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el crecimiento de la ocupación ilegal de viviendas en España, así como los efectos negativos que ha tenido la intervención del mercado del alquiler por parte del Gobierno.
El debate ha incluido cuatro peticiones ciudadanas procedentes de distintas regiones españolas, reflejo de la creciente preocupación social ante el auge de la ocupación ilegal. “No es para menos”, ha dicho Estaràs que “ha señalado que en España existen más de 80.000 viviendas ocupadas ilegalmente y 25.000 casos de inquilokupas”, inquilinos que acceden legalmente a una vivienda y luego dejan de pagar, unas cifras que siguen creciendo ante la inacción del Ejecutivo.
La eurodiputada ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "proteger más al okupa que al propietario" al imponer medidas como la obligación de asumir incluso los suministros mientras se les impide acceder a su propia vivienda. “Cuando el inquilino se declara vulnerable, la ley impone al propietario esa carga. Pero es el Estado quien debe hacerse cargo, no las familias”, ha reclamado.
A su juicio, esta situación ha provocado una crisis de seguridad jurídica y una alarma social generalizada. Para revertirlo, ha pedido medidas urgentes que refuercen la protección de los propietarios e incentiven la colaboración público-privada.
Intervenir el mercado no funciona
Estaràs también ha denunciado los efectos dañinos que la Ley de Vivienda del Gobierno ha causado en regiones como Cataluña, donde la limitación de precios ha reducido la oferta de alquiler, no ha estabilizado los precios y ha frenado la construcción por falta de incentivos.
Como ejemplo ha citado Madrid, donde el Partido Popular decidió no intervenir el mercado y los precios han bajado un 9,2%, frente al 5% en Cataluña, pese a las restricciones. “Está demostrado que intervenir el mercado no funciona”, ha afirmado.
Las peticiones defendidas por el Partido Popular han sido finalmente aprobadas, a pesar del voto en contra del Partido Socialista, serán estudiadas por la Comisión Europea.