El Parlamento Europeo estudiará los graves fallos de las pulseras antimaltrato en España
Rosa Estarás celebra que las instituciones europeas se ocupen de los problemas que el Gobierno de Sánchez ha intentado minimizar y ocultar durante meses
La Comisión de Peticiones escuchará las denuncias de las víctimas de violencia de género
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado luz verde al análisis de dos peticiones que denuncian los graves fallos en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato en España, un mecanismo financiado en parte con fondos europeos y destinado a proteger a víctimas de violencia doméstica y de género.
Por un lado, gracias al voto del PP, la comisión examinará en marzo la demanda presentada por David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, que denuncia el deterioro del sistema COMETA tras el cambio de adjudicataria financiado con fondos NextGenerationEU y expone las graves consecuencias que estos fallos han tenido para la seguridad de las víctimas y la eficacia judicial. Por otro lado la denuncia alerta de deficiencias técnicas y de gestión en el sistema implantado por el Gobierno de España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs ha celebrado que la Comisión de Peticiones haya decidido analizar ambas denuncias, subrayando que se trata de un “fallo muy grave que ha afectado directamente a víctimas de violencia y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado minimizar y ocultar durante meses”. Estaràs ha advertido de que “no se puede mirar hacia otro lado cuando un sistema financiado con fondos europeos falla y deja desprotegidas a las personas más vulnerables”, y ha subrayado que las instituciones europeas “van a hacer lo que el Gobierno se ha negado a hacer: investigar, exigir responsabilidades y garantizar transparencia”.
Ambos peticionarios coinciden en señalar errores de geolocalización, desconexiones sin alertas, pérdida de datos probatorios, dificultades de acceso judicial a la información y una creciente desconfianza por parte de las propias víctimas, lo que ha provocado situaciones de desprotección, revictimización y consecuencias procesales graves, como archivos de causas y absoluciones.
Las denuncias advierten además de posibles incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, tanto en materia de protección de las víctimas —incluida la Directiva 2012/29/UE y el Convenio de Estambul— como en lo relativo al uso, control y supervisión de los fondos europeos.
Por todo ello, ambas peticiones solicitan a la Comisión de Peticiones que investigue la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos, requiera información detallada al Gobierno de España y a la Comisión Europea, y promueva medidas correctoras inmediatas para restaurar una protección efectiva de las víctimas. Las denuncias concluyen subrayando que la seguridad de las personas y el buen uso de los fondos europeos son inseparables, y que estos fallos no pueden despacharse como meros problemas técnicos, sino que afectan a derechos fundamentales.